"Resultaba necesario predicar con el ejemplo los valores y los principios consagrados por la Constitución, a través de una regulación clara del derecho de admisión en los establecimientos educativos privados", anunció Failde en los fundamentos de su proyecto.
"Era fundamental establecer un mecanismo transparente para la matriculación de los chicos, donde el único motivo por el cual no sean inscriptos sea por falta de matricula y no por motivos discrecionales o discriminatorios por parte de directivos o autoridades de las escuelas", agregó.
Cabe destacar que la Resolución del derecho de admisión claramente debía ser objeto de revisión ya que originalmente era exclusiva para el nivel primario y tenía una vigencia de tres años a partir de 1981, tras los cuales debía ser regulada.
No podemos dejar de lado, el hecho de que esta normativa trae resabios de los tiempos de la más absoluta decadencia institucional. Dictada por un funcionario de los Gobiernos más terribles de la historia política argentina, era una razón más para examinarla y darle el marco legal apropiado.
"La regulación del ejercicio del derecho de admisión en los institutos educativos de gestión privada de la Ciudad que afectan, lesionan o restringen derechos de niñas, niños y adolescentes, impactando negativamente en su proceso de enseñanza – aprendizaje, sin dudas era una de las materias pendientes de esta legislatura", dijo Pablo Failde.
